El legislador de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, hizo hacia fines de 2012 una presentación penal contra Carlos Mercau, quien, ante una medida cautelar, le dio el alta a la joven que pretendía interrumpir legalmente su embarazo.
Tras presentar la denuncia contra Mauricio Macri junto a otros 11 legisladores de varios bloques, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) presentó ante la misma Cámara de Apelaciones una denuncia penal contra el director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, luego de que suspendiera el aborto no punible por una medida cautelar.
“Las autoridades del hospital se quisieron sacar el caso de encima. Se puso a esta chica en riesgo de vida", consideró esta mañana Bodart sobre el accionar de la dirección del centro de salud, a la vez que advirtió que "el personal fue el que ayudó a que esto no quedara impune, ellos llamaron pidiendo auxilio para que esta persona pueda ser ayudada".
La mujer, de 35 años, había sido secuestrada en julio por una red de trata con fines de prostitución y explotada en burdeles del sur, de donde logró escapar. De esa trágica experiencia provenía su embarazo y, por ende, su derecho de realizarse un aborto legal conforme con el artículo 86 inciso 2 del Código Penal - explicado en un reciente fallo de la Corte Suprema- y con el protocolo médico para estos casos aprobado por el Ministerio de Salud porteño el 6 de septiembre pasado. Pero cuando se iba a concretar la operación en el Ramos Mejía fue dada de alta por el director del hospital, Carlos Mercau, que respondió velozmente a la medida cautelar de la jueza Myriam Rustán de Estrada.
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El jefe de Gobierno que reveló todos los datos de la chica y difundió día y lugar en que se iba a realizar la práctica.
Hubo una catarata de denuncias para los responsables directos o indirectos del frustrado aborto no punible. Comuneros y legisladores de la oposición capitalina denunciaron al líder PRO por violar dos artículos del Código Penal, las leyes de protección de datos personales y de protección contra la violencia de género al hacer público el caso.
También la diputada nacional Diana Conti solicitó que fuera sometida a juicio político la jueza Rustán de Estrada, quien frenó la intervención que estaba encuadrada en el Código Penal al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación Pro Familia. En la misma línea, legisladores porteños también apuntaron a la magistrada "por mal desempeño de sus funciones". lo hicieron ante el Consejo de la Magistratura.
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